Parece fácil concluir que la Ley 2024, o Ley de Pago en Plazos Justos, fue una herramienta adoptada por el Gobierno nacional dentro de las medidas de contingencia del COVID-19 porque fue promulgada el 23 de julio de 2020 y reglamentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el Decreto 1733 del 22 de diciembre del mismo año. Sin embargo, en realidad su antecedente normativo es el proyecto de Ley 181 de 2018 que buscaba materializar una ley que permitiera proteger, principalmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) frente a procedimientos de facturación y pagos en condiciones gravosas que, en muchas ocasiones, dejaban al proveedor sin la capacidad financiera para responder por sus obligaciones más urgentes, y en serios problemas para poner en el mercado sus bienes o servicios.