En los contratos del Estado es posible identificar dos partes: la administración pública contratante y un agente económico que actúa como contratista, esto es, como responsable de proveer el bien o de prestar el servicio que se necesita para el beneficio de la comunidad.

En principio, siempre se espera que tanto las autoridades que contratan, como los diversos agentes jurídicos, que son su contraparte, obren de buena fe, sin embargo, en la práctica es posible que autoridades y contratistas se concierten para obtener un beneficio indebido. 

Debido a esta realidad, en los últimos años diversas organizaciones internacionales han comenzado a hablar de la importancia de develar a los beneficiarios finales de dichas relaciones jurídicas. Esta iniciativa, que comenzó siendo un asunto de buenas prácticas, cobra cada vez mayor relevancia jurídica, al punto de que hoy constituye una institución reconocida en la legislación interna y cuenta con una serie de instrumentos de eficacia que merecen especial atención.